En septiembre de 2011, los residentes del Asentamiento Informal Langaville (compuesto por más de mil quinientas familias y cuatro mil seiscientos residentes) representados por el Socio-Economic Rights Institute (SERI), pidieron una orden, que requiriera a la Municipalidad Metropolitana Ekurhelini proporcionar acceso suficiente al agua y servicios de saneamiento básico.