Carta al FMI sobre las condiciones perjudiciales y las medidas de austeridad que afectan negativamente a los países empobrecidos

Fecha: 01/07/2024

Asunto: Alto a la imposición de condicionalidades dañinas, medidas de austeridad y políticas neoliberales que impactan negativamente a los países empobrecidos

Estimado Directorio del FMI,

Estamos profundamente preocupados por las mortales protestas en Kenia provocadas por la introducción de impuestos regresivos y reformas estructurales injustas a través del Proyecto de Ley de Finanzas de 2024. Estas políticas son el resultado de la imposición de condicionalidades por parte del FMI a los préstamos que continúan remodelando las políticas y leyes económicas en Kenia y otros países del Sur Global y que han afectado de manera desproporcionada a comunidades ya empobrecidas y marginadas. Como red global compuesta por alrededor de 300 miembros y aliados, que incluyen movimientos sociales, grupos de pueblos indígenas, ONG, instituciones académicas, sindicatos y activistas en más de 80 países comprometidos con hacer de los derechos humanos y la justicia social una realidad para todos, la Red-DESC (Red Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) hace un llamado a poner fin a las políticas y condicionalidades que profundizan el empobrecimiento, la desigualdad y el despojo de las comunidades en Kenia y otros lugares, a menudo intensificando el peso de deudas ilegítimas e insostenibles.

A pesar de los continuos llamados y demandas para enfrentar estas políticas problemáticas, el FMI ha impuesto implacablemente políticas neoliberales que obligan a los países a priorizar el pago de la deuda sobre el cumplimiento de los derechos humanos[1] mediante una combinación de impuestos regresivos, privatizaciones, desregulación y recortes del gasto público, los cuales socavan los servicios esenciales garantizados por las leyes nacionales e internacionales.

Los derechos humanos y el bienestar de las personas deberían estar en el centro de cualquier decisión de reestructuración de la deuda. Sin embargo, los estrechos intereses privados de los actores corporativos y financieros a menudo parecen influir en los paquetes del FMI, lo que resulta en duras condiciones para los préstamos. Los países se ven obligados a priorizar el pago de la deuda o arriesgarse a un incumplimiento de la deuda que podría invalidar la solvencia crediticia del país y afectar su capacidad para acceder a los mercados financieros internacionales.

Análisis de la situación de Kenia

Kenia es uno de los países del Sur Global con mayor riesgo de sobreendeudamiento, según el informe de Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) del Fondo Monetario Internacional (FMI) a junio de 2023, cuando la deuda pública y con garantía pública en términos nominales era del 70,8 por ciento del PIB[2]. Según el Tesoro Nacional de Kenia, en enero de 2024, el valor actual de la deuda pública era del 68,2 por ciento del PIB frente al ancla de deuda aprobado del 55 por ciento de la deuda con respecto al PIB fijada por el FMI. La deuda interna era del 36,5 por ciento, mientras que la deuda externa era del 31,7 por ciento del PIB[3]. A finales de junio de 2023, el 58,8 por ciento de los ingresos totales se dedicaba a los pagos del servicio de la deuda. El gobierno ha seguido pidiendo prestado al FMI[4] en medio de los lentos esfuerzos globales para abordar la evasión fiscal corporativa. Kenia y otros gobiernos se ven obligados a contemplar formas más altas de impuestos con impactos desproporcionados sobre los empobrecidos.

En abril de 2021, Kenia firmó un préstamo por 2.340 millones de dólares a tres años con el FMI. El préstamo permitió a Kenia recurrir a sus Derechos Especiales de Giro (DEG), pero en condiciones duras, a saber, la implementación de una política fiscal regresiva y la eliminación de subsidios, incluidos los de combustible y electricidad, para cerrar completamente su brecha fiscal[5].  En 2023, Kenia recibió 684,7 millones de dólares adicionales para pagar su Eurobono que vencía en Junio. En 2024, El personal técnico del FMI y las autoridades de Kenia llegaron a un acuerdo a nivel de personal sobre políticas económicas para concluir la cuarta revisión de los acuerdos del EFF/ECF de 38 meses de duración allanando el camino para el acceso a mil millones de dólares[6]. La declaración del FMI del 11 de junio de 2024, después de llegar a acuerdos a nivel de personal sobre tres de sus líneas de crédito con Kenia, decía: “Será necesario un ajuste fiscal considerable y anticipado en el año fiscal 2024/25 para corregir el rumbo; las autoridades han dado pasos decisivos hacia la consolidación fiscal introduciendo varias medidas en el contexto del proyecto de presupuesto 2024/25 y el proyecto de Ley de Finanzas 2024. Es importante destacar que este último se centra en medidas para ampliar la base impositiva interna... reformas del gasto público y de la masa salarial, reestructuración de las empresas estatales, racionalización del gasto corriente improductivo y mejor orientación de subsidios y transferencias[7]…”

Esto explica la introducción sin precedentes de más impuestos y el aumento de los costos del combustible y la electricidad que impactan a los kenianos comunes y corrientes, incluso cuando estos préstamos se han gastado principalmente en el pago de la deuda en lugar de inversiones muy necesarias en servicios públicos, incluidos la atención sanitaria, la seguridad social y la educación.  En respuesta a la introducción de impuestos adicionales a los pobres y la eliminación de subsidios a bienes esenciales, en un contexto de continua e insuficiente inversión en servicios públicos, estallaron masivas protestas en Nairobi en las últimas semanas en las que participaron miles de kenianos liderados por jóvenes que con razón no aceptan que sus derechos y su futuro les sea negado.

El contrato social fiscal se basa en el principio de responsabilidad mutua y reciprocidad. Si bien los ciudadanos kenianos aceptan pagar impuestos, el gobierno tiene la obligación de proporcionar servicios esenciales garantizados por las leyes nacionales e internacionales, como educación, atención médica, vivienda, infraestructura, seguridad y seguridad social. Las duras condicionalidades del FMI, que han sido probadas antes con resultados desastrosos, influenciaron la redacción del polémico Proyecto de Ley de Hacienda que ha causado indignación en el país.

Mientras el FMI habla de monitorear la situación y desear un crecimiento inclusivo, no está claro si el FMI está escuchando a la mayoría de los kenianos o simplemente está esperando una nueva propuesta de medidas de austeridad para garantizar el pago de la deuda[8]. 

Transparencia y rendición de cuentas de la deuda

La priorización de los pagos del servicio de la deuda a los acreedores a expensas de los derechos humanos y el bienestar de las personas ha provocado la ira entre los kenianos. Otro motivo de preocupación es que las decisiones relativas a contratos y acuerdos se toman sin transparencia ni rendición de cuentas. Los kenianos intentan comprender cómo sus gobiernos entraron en acuerdos de endeudamiento y préstamo con prestamistas, incluido el FMI, cómo se utiliza el dinero a nivel nacional y las condiciones de los contratos y acuerdos. La falta de transparencia entre los actores privados, las IFI y los gobiernos prestamistas socava la participación democrática y la rendición de cuentas y allana el camino para una influencia corporativa indebida.

La actual crisis de deuda no es exclusiva de Kenia. Otros países de África que se consideran en situación de sobreendeudamiento y con alto riesgo de sufrirlo incluyen a Zambia, Congo, Mozambique y Zimbabwe, Burundi, Camerún, Chad, Gambia, Guinea, Ghana, Sudán del Sur y Togo[9], que enfrentarán o enfrentan condicionalidades similares que amenazan los derechos humanos y el bienestar de sus pueblos.

Al abordar las urgentes cuestiones económicas, sociales y políticas relacionadas con la deuda, instamos al FMI a: 

• Cancelar deudas y recargos insostenibles, particularmente de los países de bajos y medianos ingresos que luchan contra cargas de deuda insostenibles y a menudo ilegítimas.
• Dejar de imponer condicionalidades perjudiciales; El FMI y otros acreedores internacionales deberían abstenerse de imponer medidas de austeridad y políticas neoliberales que impacten negativamente a los países empobrecidos. Estos incluyen la devaluación de las monedas y ajustes estructurales como aumentos de impuestos regresivos, reducciones del gasto público y protecciones laborales debilitadas.
• Democratizar el proceso de endeudamiento garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza democrática, incluyendo la participación significativa de las comunidades, ciudadanos y OSC afectados en todos los niveles de toma de decisiones, particularmente en el diseño de políticas que impactan en el costo de vida, el acceso a los medios de vida y los servicios públicos esenciales.
• Garantizar que todo el financiamiento, las salvaguardias y la orientación brindados a los países den primacía a las obligaciones en materia de derechos humanos y la protección ambiental y promuevan una transición justa y equitativa hacia una economía que se centre en el cuidado de las personas y el planeta. Esto incluye evaluaciones del impacto de la reforma de la política fiscal en materia de derechos humanos con perspectiva de género sobre la desigualdad económica y de género y el rechazo de aquellas que tienen impactos sociales negativos.
• Detener la captura corporativa de las instituciones y la toma de decisiones gubernamentales e intergubernamentales para garantizar los derechos humanos y apoyar activamente la regulación de los actores corporativos y financieros para asegurar que se respeten los derechos humanos en los Estados de origen y de acogida.
• Implementar políticas económicas anticíclicas que vayan más allá del único propósito de la reducción de la deuda y la consolidación fiscal, y se centren en cambio en la redistribución y el establecimiento de un sistema de protección social fundamental.
• Establecer mecanismos para trabajar con las partes interesadas de la sociedad civil, particularmente en contextos donde los conflictos y los gobiernos represivos han atacado y/o socavado directamente los recursos comunitarios para salvaguardar la seguridad de los medios de vida y la salud pública.
• Supervisar de cerca los proyectos públicos y del sector privado para garantizar el respeto de los derechos humanos, así como las normas laborales y ambientales y dejar claro que no se tolerarán represalias o discriminación en cuanto a la libertad de reunión, asociación u opiniones políticas.