Miembros de la Red-DESC exigen un sistema impositivo que cumpla con las obligaciones en materia de derechos humanos y ponga fin a los legados coloniales
Fecha de Publicación:
Miércoles, 19 Junio 2024
Miembros del grupo de trabajo de Política Económica durante la marcha por la justicia de la deuda organizada por la Contracumbre de Movimientos Sociales, Marrakech, Marruecos, 2023. © 2023 Privado
El 22 de mayo de 2024, más de 45 organizaciones internacionales, entre ellas 22 miembros de la Red-DESC, suscribieron una carta en la que piden a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que adopte una solución política holística y pragmática para abordar las desigualdades fiscales, la crisis de la deuda y la justicia climática. Esta solución, según los firmantes, debe abarcar las conversaciones en curso en relación con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional como uno de los pasos esenciales para hacer realidad el objetivo de una transformación urgente del sistema impositivo mundial para alinearse con la igualdad y cumplir con las normas y principios internacionales de derechos humanos.
El fracaso histórico de la arquitectura financiera mundial a la hora de abordar las desigualdades fiscales globales que afectan a los países del Sur Global ha provocado el auge de regímenes fiscales regresivos y represivos. Los países del Sur Global se han visto obligados a tomar medidas para recaudar ingresos mediante la introducción de impuestos punitivos e insostenibles, como el aumento del IVA sobre los productos básicos esenciales para la supervivencia y la privatización de la prestación de servicios públicos como la sanidad y la educación.
El acuerdo fiscal global, respaldado por la OCDE y los países del G20 y aclamado como la solución única para reformar la arquitectura financiera internacional, pasa por alto y no tiene en cuenta las necesidades más acuciantes de la población del Sur Global y, por tanto, socava la soberanía nacional y la capacidad de los países para gravar legítimamente los beneficios de las empresas multinacionales.
Los vestigios del colonialismo se manifiestan en la actual militarización de la deuda, las guerras injustificadas y las nuevas violaciones de los derechos humanos. Los países de renta baja y media, en especial los del Sur Global, se esfuerzan por cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos debido a la sobrecarga de los espacios fiscales y a la presión para priorizar el servicio y el pago de deudas ilegítimas. La llegada de la pandemia de COVID-19 puso aún más de manifiesto los profundos fallos estructurales del actual orden económico mundial dominado por el capitalismo y amplió aún más las desigualdades socioeconómicas preexistentes entre los países del Norte Global y del Sur Global.
Miembros de la Red-DESC, liderados por CESR y sus aliados, están desafiando la política y las estructuras fiscales de la OCDE y presionando para que se corrija lo que creen firmemente que es "un patrón de distribución desigual de los derechos fiscales entre los países y dentro de ellos que ha exacerbado manifiestamente un sistema global de privilegios orquestado por antiguas potencias coloniales en detrimento de los Estados anteriormente colonizados y de los descendientes de los grupos esclavizados".
La carta de mayo sigue a una comunicación anterior enviada en octubre de 2023 a ocho procedimientos especiales de la ONU, entre ellos el experto independiente sobre los efectos de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales sobre los derechos humanos, el profesor Attiya Waris, y otros expertos, relatores especiales y grupos de trabajo pertinentes de la ONU. En ella se instaba a los destinatarios a intervenir para abordar el fracaso deliberado de la OCDE a la hora de reformar las normas fiscales mundiales y las políticas y prácticas ilegítimas y abusivas de algunos de sus miembros, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Suiza. La carta también planteaba preocupaciones fundamentales sobre el hecho de que la OCDE apoye y promueva políticas fiscales que están profundamente arraigadas en el sistema de colonialismo, discriminación racial y violación de los derechos humanos que afecta a comunidades de todo el mundo.
En respuesta a nuestra comunicación, ocho expertos y relatores especiales de la ONU enviaron una comunicación formal a la Secretaría de la OCDE planteando su seria preocupación en relación con las reformas fiscales de la OCDE y su impacto en los derechos humanos.
Los miembros se han comprometido con este tema y esperan seguir colaborando con aliados y otros grupos interesados, como el mundo académico, los movimientos sociales y los grupos feministas, entre otros, para exigir la transformación urgente del sistema fiscal mundial para que cumpla con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Debemos actuar ya mismo para hacer frente a las desigualdades fiscales, el dilema de la deuda y la crisis climática, y para hacer realidad los derechos humanos.
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