Los peticionantes adujeron que sus derechos a la propiedad de tierras agrícolas habían sido infringidos por una disposición de la Constitución de Zimbabwe que confería efectivamente la propiedad de todas las tierras agrícolas compradas en forma compulsiva por el Estado, asi como discriminación racial en la aplicación de la disposición. Asimismo, la disposición eliminaba la jurisdicción de los tribunales para recibir reclamos relacionados con tales adquisiciones de tierras agrícolas.