Disability (Persons with)

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Caselaw

Sentencia T-051/11. Revisión de tutela. Julio David Pérez con la Alcaldía de Montería. Expediente T-2650185

La acción fue impulsada por una persona sordomuda que había cursado el primer semestre en la Institución Normal Superior del Municipio de Montería para obtener el título de Normalista Superior pero que le fue imposible continuar después del primer año debido a la aplicación de la ley que condiciona la asignación de traductores a las instituciones educativas a la presencia de mínimo 10 estudiantes en situación de discapacidad auditiva (Decreto 366/2009, Artículo 9 par. 3).

Decision T-051/11. Writ for the protection of constitutional rights. Julio David Pérez vs. Mayor's Office of Montería. File T-2650185

Complainant is hearing impaired and had completed the first semester in the Primary School Teacher's College at Montería, but was not able to continue on past the first year because based on the applicable law (paragraph 3, Art 9 of Decree 366/2009) established that a minimum presence of 10 students with hearing disabilities was necessary to require sign language interpreters in educational institutions.

Western Cape Forum for Intellectual Disability c./Gobierno de la República de Sudáfrica y Gobierno de la Provincia de Western Cape. Caso nro.: 18678/2007

El peticionante es una asociación que representa a más de 150 organizaciones que proveen asistencia a niños de la provincia de Western Cape que padecen discapacidades intelectuales graves y profundas. En esa región, la única educación disponible para estos niños es provista por "Centros de Educación Especial" operados por organizaciones no gubernamentales. La cantidad de Centros de Educación Especial no es suficiente y los niños que no pueden asistir a esos centros no tienen ninguna alternativa.

Western Cape Forum for Intellectual Disability v. Government of the Republic of South Africa & Government of the Province of Western Cape, Case no: 18678/2007

The applicant is a body that represents over 150 member organizations that provide care for children living in the Western Cape who have severe and profound intellectual disabilities. In the Western Cape, the only available education for children who are severely and profoundly intellectually disabled occurs at "Special Care Centers" operated by non-governmental organizations. There are an insufficient number of such Special Care Centers and the children who are not able to obtain care at these centers receive no care at all.

Reyes Aguilera, Daniela v. Argentina

The case was filed in March 2003 to force the Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (national agency in charge of welfare pensions) to grant a disability pension to Daniela Reyes Aguilera, a Bolivian girl who has a disabling condition preventing her from moving legs and arms, speaking, and eating on her own. Article 1, paragraph "e" of Decree 432/1997, which requires foreign citizens to prove legal residence in Argentina for at least twenty years in order to qualify for disability pensions, was contested as unconstitutional.

Reyes Aguilera, Daniela c/ Estado Nacional

El caso fue llevado a la justicia en el mes de marzo de 2003 para que se obligara a la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a otorgar la pensión por invalidez a Daniela Reyes Aguilera, una niña de nacionalidad boliviana con una discapacidad que le impide la movilidad de sus miembros, comunicarse verbalmente, y alimentarse por cuenta propia.

International Association Autism Europe v. France, Complaint No. 13/2002. [ESP]

Autism‑Europe adujo que la aplicación por parte de Francia de leyes relacionadas con la educación para personas con discapacidades era extremadamente insatisfactoria. La gran mayoría (80 a 90 por ciento) de los adultos jóvenes y niños autistas no tenía acceso a servicios educativos adecuados. En base a los índices actuales de ocupación de plazas en institutos de educación especial, Autism-Europe estimaba que se tardaría 100 años en eliminar el déficit de la lista de espera oficial, que entonces incluía a 39.514 personas (incluso más, teniendo en cuenta la definición de la OMS).

Eldridge v. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 S.C.R. 624. [ESP]

En 1990, el organismo sin fines de lucro que prestaba servicios de interpretación en lenguaje de señas en la región continental del sur de la provincia canadiense de British Columbia comenzó a enfrentar serias dificultades financieras y buscó asistencia por medio de funcionarios del Ministerio de Salud. La asistencia le fue denegada.

Purohit and Moore v. The Gambia. Cited as: Communication No. 241/2001, Sixteenth Activity report 2002-2003, Annex VII. [ESP]

Los peticionantes denunciaron, entre otras cosas, que el régimen legal de Gambia aplicable a enfermos mentales violaba el derecho a gozar del mejor estado de salud física y mental alcanzable (artículo 16) y el derecho de los discapacitados a medidas especiales de protección de acuerdo con sus necesidades físicas y morales (artículo 18(4)). Ambos derechos están garantizados por la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.

Purohit and Moore v. The Gambia. Cited as: Communication No. 241/2001, Sixteenth Activity report 2002-2003, Annex VII

The applicants alleged, amongst other things, that the legislative regime in The Gambia for mental health patients violated the right to enjoy the best attainable state of physical and mental health (Article 16) and the right of the disabled to special measures of protection in keeping with their physical and moral needs (Article 18(4)). Both rights are guaranteed in the African Charter on Human and Peoples' Rights.