International Commission of Jurists (ICJ) denunció que gran cantidad de niños de Portugal (según se estimó, 200.000 niños) trabajaban en malas condiciones que afectaban su salud y que Portugal violaba el artículo 7(1) de la Carta Social Europea (CSE) al no supervisar correctamente el trabajo de menores. El gobierno cuestionó las estadísticas de IJC, sosteniendo que como máximo trabajaban 27.000 niños y solamente 2.500 eran empleados pagos en contravención de la Carta.