Kenya: El poder soberano pertenece al pueblo

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Como una red de más de 300 movimientos sociales, organizaciones y defensores de derechos humanos de 80 países, Red-DESC - Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales está unida en nuestra solidaridad con el pueblo de Kenia, que ha ejercido sus derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión, denunciando el punitivo Proyecto de Ley Financiera de 2024, que el gobierno se vio obligado a retirar a finales de junio. Su participación a gran escala en las protestas ejemplifica un firme compromiso con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESC), que son esenciales para la dignidad humana y la justicia social.

La reciente represión violenta de protestas pacíficas es una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y trágicamente recuerda la historia de violencia sancionada por el Estado en Kenia. Los informes de disparos de la policía, el uso irresponsable e inapropiado de grandes cantidades de gases lacrimógenos, secuestros y el despliegue de las Fuerzas de Defensa de Kenia (KDF) sin informar plenamente al público sobre el alcance de la participación militar y sin la aprobación de la Asamblea Nacional, violando el Artículo 241 (3) (c) de la Constitución de Kenia, son profundamente preocupantes. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia indican que 39 personas han muerto, 361 han resultado heridas, hay 32 casos de desapariciones forzadas o involuntarias y 627 arrestos de manifestantes. Estas acciones no solo contravienen las leyes de Kenia, sino también las normas legales internacionales, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura.

Hacemos un llamado al presidente Ruto para que respete las voces del pueblo keniano y su derecho a la asamblea pacífica, tal como lo consagra la Carta de Derechos en la Constitución de Kenia y el PIDCP. El Proyecto de Ley Financiera de 2024 amenazaba con socavar los derechos económicos y sociales de los kenianos, exacerbando la desigualdad y las dificultades. Nos mantenemos vigilantes mientras el gobierno ahora considera una serie de medidas de austeridad. Los derechos humanos a una vivienda adecuada, salud, educación y un nivel de vida adecuado deben ser protegidos. Estos derechos están protegidos bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), del cual Kenia es parte.

Recordamos al presidente Ruto que todo el poder soberano pertenece al pueblo de Kenia y que su autoridad se deriva del pueblo, por lo tanto, el presidente y todos los funcionarios e instituciones gubernamentales tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y los derechos constitucionales relacionados del pueblo de Kenia. Expresamos nuestra solidaridad con el creciente y profundo movimiento de base por los derechos humanos, que está impulsado por las demandas del pueblo por el bienestar, la dignidad y la participación. Nos unimos a una creciente parte de la comunidad internacional en solidaridad con el pueblo de Kenia en su lucha por la justicia y los derechos humanos.

Además, reconocemos el papel significativo que las instituciones financieras internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, desempeñan en la configuración de las políticas económicas en Kenia y otros países del Sur Global. Las duras condiciones del FMI, que han sido probadas y demostradas con resultados desastrosos, influyeron en la redacción del controvertido Proyecto de Ley Financiera de 2024, que ha causado indignación en el país. Las condiciones de los préstamos, incluidas las medidas de austeridad, promovidas por estas instituciones continúan exacerbando la pobreza y la desigualdad, reforzando las estructuras neocoloniales y socavando la capacidad del gobierno de Kenia para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. Las condiciones adjuntas a la asistencia financiera a menudo conducen a recortes en bienes y servicios públicos esenciales, así como a impuestos regresivos y a una debilitación de las regulaciones laborales. Estas condiciones afectan de manera desproporcionada a las comunidades ya empobrecidas y marginadas, y particularmente a las mujeres en toda su diversidad dentro de esas comunidades.

De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, los miembros de ESCR-Net hacen un llamado al gobierno keniano para que:

• Cese el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos: Los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y asamblea deben ser respetados y protegidos.
• Realice investigaciones independientes y transparentes: Investigue a fondo los asesinatos, secuestros y tratos crueles y degradantes reportados y responsabilice a los responsables para garantizar la justicia y prevenir futuras violaciones.
• Detenga el secuestro de manifestantes y libere incondicionalmente a todos los secuestrados: El derecho a la libertad y la seguridad de la persona, que incluye el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente o sin causa justa, debe ser respetado y protegido.
• Inicie un diálogo significativo con la sociedad civil: Aborde las preocupaciones económicas y sociales de la población, asegurando que cualquier política económica respete y promueva los derechos humanos de todos los kenianos.
• Asegure que todas las agencias de seguridad y las medidas de seguridad tomadas operen dentro de los límites de la ley: en cumplimiento con las órdenes judiciales, las fuerzas de seguridad kenianas deben cumplir con el estado de derecho y con el máximo respeto por la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales.
• Asegure la protección de los defensores de derechos humanos: Respete los principios del derecho internacional de los derechos humanos y proporcione un entorno seguro para quienes abogan por la justicia y los derechos humanos.

Nos unimos a muchos en la comunidad internacional que llaman al gobierno de Kenia a cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y estamos en solidaridad con los esfuerzos de la sociedad civil keniana en la defensa de la justicia y la dignidad para todos.