Comunicado: Israel y los Estados miembros de la ONU deben respetar y proteger los derechos humanos y el derecho humanitario

Martes, Octubre 17, 2023

Reafirmamos nuestra solidaridad con nuestros miembros en Palestina y con la población civil en general de la asediada Franja de Gaza, que han sufrido bombardeos, la destrucción indiscriminada de sus hogares y de servicios públicos fundamentales como escuelas y hospitales, desplazamientos forzosos y la negación de alimentos, agua, saneamiento, medicamentos y electricidad. Como red global que trabaja para promover los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho a la vida, la Red-DESC condena toda violencia dirigida contra civiles o que les cause daños. Denunciamos el castigo colectivo de la comunidad palestina y nos hacemos eco de la preocupación de la ONU por que la evolución de las acciones israelíes pueda constituir otra limpieza étnica del pueblo palestino. A 16 de octubre, desde el inicio del actual conflicto al menos 2.750 palestinos han muerto, 9.700 han resultado heridos en Gaza, y 51 en otras partes de Palestina.

La catastrófica situación actual en Gaza es la culminación de 56 años de ocupación militar y apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino. La guerra lanzada sobre Gaza es la respuesta inmediata a los ataques perpetrados contra israelíes desde el 7 de octubre. El 9 de octubre, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció: “He ordenado el asedio total de la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible, todo está cerrado. Estamos luchando contra humanos-animales y actuamos en consecuencia”. El Coordinador del Gobierno en los Territorios, el general de división Ghassan Alian, repitió un mensaje similar: “Israel ha impuesto un bloqueo total a Gaza, sin electricidad, sin agua, solo daños. Queríais el infierno, tendréis el infierno”. Dos días antes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu había prometido: “Convertiremos Gaza en una isla desierta… Atacaremos todos y cada uno de los rincones de la franja”. El viernes 13 de octubre, el gobierno israelí ordenó a más de 1,1 millones de habitantes del norte de Gaza que evacuaran sus tierras y hogares en 24 horas, dando señales de una inminente invasión terrestre. Mientras se daba esta orden, el presidente israelí Isaac Herzog afirmaba, refiriéndose a Gaza: “Es toda una nación la responsable… No es cierta esa retórica de que los civiles no son conscientes, que no están implicados”.

La estrategia política y militar de Israel en Gaza, en particular los 16 años de bloqueo ilegal (una forma de castigo colectivo que equivale a un crimen de guerra) y los repetidos ataques militares, han creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, hasta el punto de que la ONU ha calificado a Gaza de “inhabitable“y se ha referido a ella como una “prisión al aire libre“. El castigo colectivo de los palestinos por parte de Israel ha sido condenado en repetidas ocasiones por los organismos de la ONU (por ejemplo, Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Res. 2004/10, preámbulo y §§ 12 y 15). Los 2,3 millones de palestinos que viven en Gaza, de los que aproximadamente la mitad son niños y niñas, dependen en gran medida de la ayuda exterior. Como es habitual en el bloqueo israelí (y egipcio) de Gaza, a los palestinos les resulta prácticamente imposible salir de la franja, mientras que la ayuda ha quedado retenida en la península del Sinaí, ya que el paso fronterizo de Rafah (entre Gaza y Egipto) está cerrado y sometido a ataques aéreos israelíes. Además de los cortes en el suministro de alimentos y agua, la única central eléctrica de Gaza se quedó sin combustible el 11 de octubre. Esta energía es vital para producir agua potable, gestionar las aguas residuales y mantener los equipos que salvan vidas en los hospitales, que están al borde del colapso debido a la atención de miles de palestinos heridos. El derecho internacional humanitario, a través del artículo 54 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, es claro: “Se prohíbe hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra. Está prohibido atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil”. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, subrayó que: “La imposición de asedios que ponen en peligro la vida de los civiles al privarles de bienes indispensables para su supervivencia está prohibida por el derecho internacional humanitario.” Como señalaron varios Procedimientos Especiales de la ONU, esto “equivale a un castigo colectivo”.

Además, la orden de evacuación dictada por Israel contra 1,1 millones de palestinos del norte de Gaza es moral y jurídicamente reprobable, y también imposible de ejecutar. La mayoría de las familias de Gaza ya fueron desplazadas a la fuerza y violentamente -convirtiéndose en personas refugiadas junto con otros 750.000 palestinos- durante la fundación del Estado de Israel en 1948. Muchas, entre ellas la relatora especial de la ONU para territorios palestinos, Francesca Albanese, temen que se trate de una segunda Nakba o “catástrofe”. Esta orden no garantiza el derecho al retorno ni asegura la protección de los civiles que intentan cumplirla. Mientras algunos no pueden evacuar, otros han muerto al intentar hacerlo por supuestas rutas seguras. Condenando inmediatamente esta acción, Paula Gaviria Betancur, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, subrayó: “Los traslados forzosos de población constituyen un crimen contra la humanidad, y el derecho internacional humanitario prohíbe los castigos colectivos.”

Ante las declaraciones de funcionarios gubernamentales y militares israelíes al más alto nivel y la escala masiva de las violaciones contra civiles palestinos, nuestros miembros de Palestina, académicos y organizaciones respetadas en todo el mundo han pedido recientemente a los estados que intervengan para prevenir un genocidio potencial o inminente, alegando que Israel está ahora “infligiendo deliberadamente al pueblo palestino condiciones de vida calculadas para conseguir su destrucción física total o parcial” (como se indica en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio).

Los miembros de la Red-DESC en Palestina nos recuerdan que: “Durante décadas, nuestras organizaciones han advertido contra el statu quo y el fracaso deliberado y la falta de voluntad de la comunidad internacional para abordar las causas de raíz de la situación actual en Palestina -es decir, el colonialismo de asentamientos, el apartheid y la ocupación ilegal de Israel, así como la negación continua de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido el derecho a la autodeterminación- y para tomar medidas efectivas y significativas para abordarlas.” Desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes o los colonos han matado a 248 palestinos, que se suman a los miles de muertos de años anteriores, y Estados Unidos proporciona más de 3.000 millones de dólares anuales en financiación militar a Israel. Estos fondos han contribuido a facilitar la ocupación continuada y las violaciones de los derechos humanos en Palestina y en otros lugares, además de a enriquecer el complejo militar industrial estadounidense, que ejerce una poderosa influencia en la toma de decisiones gubernamentales.

Varios miembros de ESCR-Net han expresado solidaridad con Palestina en diferentes regiones. En la foto, los miembros de Abahlali baseMjondolo muestran su solidaridad en Durban (South Africa).

Nos unimos a los llamamientos que exigen que Estados Unidos, la Unión Europea y otros Estados miembros de la ONU, así como el Consejo de Seguridad de la ONU, tomen medidas inmediatas y urgentes para detener el castigo colectivo de Israel a la población civil de Gaza. La comunidad internacional debe intensificar la presión sobre Israel para que cese inmediatamente el fuego, anule las órdenes de evacuación que equivalen a traslados forzosos de población y permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, en línea con el llamamiento del Secretario General de la ONU. La comunidad internacional tiene la obligación de garantizar que se respete el derecho humanitario, lo que incluye impedir la limpieza étnica y el genocidio. Estados Unidos y otros gobiernos deben negarse a enviar más armas o financiación al ejército israelí. Estos mismos actores deben trabajar para acabar con las causas de raíz de la situación actual en Palestina, garantizando los derechos humanos -incluido el derecho a la autodeterminación- de todos los palestinos y las palestinas.