Los datos son necesarios para la realización de los derechos humanos. Sin ellos no podemos entender la situación prevalente de los derechos humanos, no podemos tomar decisiones informadas sobre políticas y no podemos evaluar la efectividad de esas decisiones sobre políticas.
Existe una grieta de datos de derechos humanos. Dado que los responsables de tomar decisiones y quienes detentan poder cada vez confían más en grandes cantidades de datos para formular políticas y tomar decisiones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales de la gente, no podemos suponer que esos datos son neutros u objetivos. Tampoco podemos suponer que se recogen los tipos de datos correctos. Los Estados no producen ni emplean los tipos de datos correctos necesarios para avanzar los derechos humanos; es más, las prácticas relacionadas con los datos de los Estados algunas veces incluso llegan a amenazar los derechos humanos y refuerzan las desigualdades existentes.
Los procesos relacionados con datos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el ámbito global, los censos en el ámbito nacional o las evaluaciones de impacto ambiental en el ámbito local, tienden a excluir a las comunidades afectadas y los grupos marginados, lo que significa que no están representados adecuadamente en los datos y no influyen sobre los datos que se recogen y cómo se utilizan. Esto es problemático, porque vuelve a subgrupos enteros de poblaciones invisibles frente a los formuladores de políticas y los actores poderosos, lo que con frecuencia conduce a una mayor marginación. Los ejemplos son innumerables. Las mujeres y las niñas suelen estar ausentes de los datos (la grieta de datos de género), lo que significa que se toman decisiones sin considerar las necesidades de mujeres y niñas, lo que, a su vez, fortalece la desigualdad de género. Durante la pandemia de COVID-19, muchos países europeos no recopilaron datos de salud desglosados por raza, lo que significó que no pudieron responder adecuadamente a las necesidades de diferentes grupos. Incluso cuando se recogen datos pertinentes, con frecuencia no se ponen a disposición de las comunidades de modo tal que los puedan utilizar para participar en procesos de toma de decisiones importantes, como los planes de desarrollo local. Y cuando las comunidades deciden recopilar sus propios datos para influir sobre las decisiones que las afectan directamente, se los suele descartar con el argumento de que no son objetivos y creíbles.
Estos ejemplos son decisiones, elecciones. Los responsables de tomar decisiones eligen excluir a grupos y cosas que son importantes para grupos marginados (ya sea o no de manera intencional) debido al simple hecho de quién tiene poder y quién, no. Nuestro punto de partida para esta posición colectiva es, por lo tanto, que los datos son intrínsecamente políticos. El primer paso para asegurar que los datos sirvan para ampliar el disfrute de los derechos humanos es reconocer este hecho. Luego, a fin de remediar los problemas del sistema actual, debemos desmitificar y democratizar los datos. Con frecuencia, la función que tienen los datos en la toma de decisiones es reemplazar conversaciones políticas complejas con decisiones presentadas como de naturaleza puramente técnica, por ejemplo, cuando actores poderosos afirman que establecer procesos de toma de decisiones verdaderamente participativos es demasiado oneroso o que es muy difícil recoger datos desglosados o, incluso, que la experiencia vivida no es información válida como base para tomar decisiones. Esto les permite a quienes detentan el poder evadir la confrontación con problemas más sistémicos (como la desigualdad, el racismo, el patriarcado) en los que pueden estar implicados.
Lamentablemente, este problema no es nuevo. Los datos siempre han sido utilizados por quienes detentan el poder para justificar decisiones que cementan su poder sobre los demás. Mucho antes de la era actual del desarrollo sustentable global, ciertos tipos de datos (los que se consideran “objetivos científicamente” ) han sido usados para enmascarar y justificar motivaciones más políticas, como la dominación y el silenciamiento de la gente. Los poderes coloniales afirmaban que recopilaban información “científica” sobre los pueblos colonizados a fin de su ‘mejoramiento’. El régimen de desarrollo sustentable actual continúa adoptando una posición respecto de los datos que es paternalista y está dominada por actores poderosos que continúan detentando el poder por medio del control de la información. Al subestimar el saber y las experiencias de las comunidades afectadas y marginadas, y al considerarlas información de nivel inferior, margina efectivamente a las mismas comunidades que dice servir.
Además, la digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas les ha dado un poder enorme a las empresas de tecnología y ha reducido aún más el poder y el control que la gente ejerce sobre los datos y la información, lo que tiene serias consecuencias para los procesos de toma de decisiones públicas. Grandes cantidades de datos sobre todos nosotros son recogidos en nuestra vida privada y pública cada vez que utilizamos servicios de telecomunicaciones, identidades digitales o biométricas, servicios de internet, plataformas de pago, etc. Los Estados (y las élites corporativas) usan esos datos cada vez más, aunque sean recopilados con fines que nada tienen que ver con la formulación de políticas, para realizar numerosas funciones públicas, desde la prestación de servicios, pasando por la asignación de recursos, hasta para hacer cumplir las leyes. Sin embargo, los datos producidos comercialmente proporcionan una imagen parcial de la sociedad basada en una idea de las personas como consumidores y no como titulares de derechos, y no deberían utilizarse como la única base para tomar decisiones públicas. A medida que los Estados tercerizan funciones públicas importantes, las empresas de tecnología adquieren la posibilidad de dar forma al acceso de las personas a servicios, mercados y oportunidades, sin que exista control y rendición de cuentas adecuados por parte de la sociedad. El resultado es un considerable desequilibrio de poder sobre las políticas y prácticas públicas y sobre la vida de la gente, lo que debe atraer la atención urgente de los defensores de los derechos humanos y la justicia social.
