La pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia e intensificado graves injusticias sistémicas en todo el mundo. Se les está exigiendo a las personas que se queden en sus casas, independientemente de que tengan una vivienda segura; que se laven las manos cuando tal vez no tienen ni acceso a agua limpia, y que llenen los vacíos en sistemas sociales y sanitarios públicos fallidos, con impactos desproporcionados en las mujeres. Los gobiernos y las empresas están imponiendo elecciones imposibles: entre el contagio o el hambre; el trabajo peligroso o el desempleo, rescates corporativos o la ruina, la seguridad personal o la salud pública. Como comunidades resistentes, movimientos sociales, entidades y personas defensoras de los derechos humanos, exigimos alternativas económicas, sociales y políticas que permitan hacer realidad los derechos humanos y la justicia social para todos. Un regreso al status quo no es una opción.
Comunidades en todo el mundo llevan mucho tiempo resistiéndose al empobrecimiento a pesar de la abundancia, los crecientes niveles de desigualdad, la influencia corporativa indebida sobre la toma de decisiones públicas, la aceleración de la crisis climática y una mayor represión en medio de la profundización del autoritarismo. Nuestra Carta Común para la Lucha Colectiva, liderada por miembros de movimientos sociales y respaldada por otros miembros de 77 países, articula estos problemas globales comunes. La Carta vincula estas condiciones al sistema capitalista dominante –que prioriza las ganancias sobre las personas y el planeta— y estructuras de opresión interrelacionadas, como el patriarcado, el racismo y largos historiales de colonialismo e imperialismo. Partiendo de la Carta, las discusiones de los y las miembros durante las últimas semanas sobre la pandemia han dado lugar a una serie de análisis basados en las realidades vividas por las personas y las comunidades de todo el mundo y las demandas sobre una variedad de temas. Estos análisis constituyen la base para nuestro llamado a la acción.
El empobrecimiento, el desposeimiento y la desigualdad se han agravado en las últimas décadas. Las reformas de la política neoliberal han debilitado las protecciones laborales, han intensificado la actividad extractiva y han facilitado el flujo del capital hacia donde los derechos humanos y las protecciones ambientales son más débiles, han privatizado y mercantilizado las necesidades básicas, han socavado la soberanía alimentaria, han implementado sistemas fiscales regresivos y han impuesto la austeridad a la mayoría, al tiempo que proporcionan una prosperidad subsidiada a una élite minoritaria. Estas reformas han sido impuestas y manipuladas a instancias de intereses corporativos y financieros, incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acuerdos comerciales y de inversión. A pesar de décadas de la llamada “responsabilidad social corporativa”, las empresas cometen abusos constantes de los derechos de las personas trabajadoras y de los derechos humanos y ambientales en general, se niegan a pagar su proporción justa de impuestos y continúan capturando las instituciones gubernamentales y la formulación de políticas públicas. El fracaso de los gobiernos para abordar con urgencia la crisis climática es quizás el ejemplo más evidente de captura corporativa. Esto ha sentado las bases para que la pandemia se haya convertido en una devastadora crisis de salud pública, económica y social, así como para la desregulación ambiental.
El enfoque actual en “salvar la economía” en lugar de garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente es un eco alarmante de tendencias perjudiciales de larga data, incluidos enfoques equivocados en la respuesta a la crisis financiera global de 2008. A pesar de reconocer la gravedad de la crisis, el FMI y el Banco Mundial continúan operando como siempre, ofreciendo préstamos de emergencia en lugar de significativas cancelaciones de deuda y reparaciones muy atrasadas por décadas de políticas que hicieron más pobres a las personas y reemplazaron el colonialismo con el imperialismo económico. La influencia corporativa indebida ha llevado a los Estados a proporcionar subsidios y rescates corporativos masivos con poca supervisión, retrocesos en las protecciones ambientales y redefiniciones de actividades esenciales para incluir las operaciones mineras así como empresas de construcción comercial, entre otras. Las empresas han obtenido autorización para proyectos controvertidos, a menudo en un clima de represión de los derechos participativos de las comunidades locales y el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado. Cuando los Pueblos Indígenas ejercen sus derechos reconocidos a la autodeterminación de sus propios modelos económicos, políticos y culturales, siguen afrontando la agresión del desarrollo y la criminalización.
A pesar de que la pandemia ha revelado lo que es realmente un trabajo esencial, las personas que lo llevan a cabo continúan viéndose sistemáticamente infravaloradas. En muchos países, especialmente en el Sur Global, la mayoría de las personas trabajadoras, incluidas las trabajadoras domésticas y las personas del sector agrícola, están empleadas en el sector informal sin acceso a la seguridad social y al seguro de empleo. Muchas personas trabajadoras se ven obligadas a trabajar en condiciones cada vez más precarias, sin equipos de protección adecuados, licencia por enfermedad remunerada ni seguro médico (en ausencia de un sistema de salud público universal), o corren el riesgo de perder sus empleos de forma permanente. Las mujeres, las personas inmigrantes y de las minorías en particular han sufrido una pérdida desproporcionada de empleos y medios de subsistencia debido a su gran representación en el sector informal y las ocupaciones precarias. Para algunas personas, la incapacidad de trabajar en medio del cierre de los mercados locales, las prohibiciones de pesca, las prohibiciones a la circulación y otras medidas de aislamiento social amenaza con el desalojo, el hambre y el empobrecimiento, ya que muchos gobiernos no han garantizado la cobertura pública de las necesidades fundamentales.
Las desigualdades materiales dentro y entre los países hacen que muchas recomendaciones de salud pública sean inherentemente discriminatorias, ya que requieren un cierto nivel de vida, como el acceso a agua limpia y saneamiento y una vivienda adecuada. Además, estas recomendaciones a menudo no tienen en cuenta formas interrelacionadas de discriminación presentes en nuestra sociedad. Muchos grupos que ya sufren un acceso limitado a una atención médica adecuada y otros servicios públicos –incluidas las personas refugiadas, desplazadas internamente, comunidades LGBTQI, personas con discapacidades, personas privadas de libertad y las trabajadoras sexuales— afrontan mayores obstáculos en medio de la pandemia. En algunos contextos, los desalojos y desplazamientos por demolición de viviendas han continuado en asentamientos informales y áreas afectadas por conflictos. Además, las soluciones digitales diseñadas para garantizar el acceso a servicios esenciales, incluida la educación, el asesoramiento médico y las oportunidades de trabajo, excluyen desproporcionadamente a grupos sin conexión a Internet ni alfabetización digital.
Por otra parte, las brechas en los sistemas de protección social han exacerbado la carga de los cuidados para las mujeres, quienes soportan la mayor parte del trabajo de cuidado no reconocido ni remunerado debido a las persistentes normas de género. Esto se ve agravado por el aumento de los incidentes de violencia doméstica y los desafíos para buscar remedios debido al acceso limitado a los tribunales, así como la violencia y el acoso contra las trabajadoras del sector sanitario.
Además, las comunidades marginadas y empobrecidas con frecuencia viven cerca de proyectos contaminantes y extractivos, lo que provoca problemas respiratorios que las hacen más vulnerables al COVID-19. Esta injusticia ambiental se ve reforzada por las narrativas que celebran la mejora temporal de la calidad del aire y la reducción de emisiones, manteniendo los paradigmas humanos versus ambientales que desvían la culpa de nuestros sistemas económicos y políticos al tiempo que ignoran el sufrimiento de la población empobrecida, las personas inmigrantes y los Pueblos Indígenas.
Muchos gobiernos están utilizando la crisis para reprimir el disenso y atacar a minorías ya marginadas, incluso a través de poderes de emergencia, legislación antiterrorista, fundamentalismo religioso, y una mayor vigilancia y militarización. Las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) han sido atacadas conforme las estrategias de seguridad se han visto socavadas por estrictos mandatos de “refugio en el lugar”. Múltiples gobiernos han atacado a profesionales médicos, periodistas, blogueros y DDH que han informado sobre la pandemia. Las personas defensoras de los derechos humanos y los presos políticos a menudo se han visto excluidos de las liberaciones de prisión –inadecuadas de por sí—, y muchos están atrapados en detención preventiva debido al cierre de los tribunales. Estas amenazas se agravan especialmente en contextos de conflicto y ocupación, mientras son facilitados por los fabricantes de armas que continúan alimentando la violencia. La retórica de la “guerra” para enfrentarse a la pandemia intensifica aún más el clima de miedo y alabanza por las respuestas autoritarias, limitando drásticamente el espacio para el escrutinio público, la participación y la rendición de cuentas. A medida que los Estados reúnen recursos sin precedentes para abordar la crisis, existe una evidente falta de transparencia y rendición de cuentas en torno a la toma de decisiones, ejemplificada por graves limitaciones al acceso a la información en muchos países. Al mismo tiempo, están utilizando herramientas de vigilancia para recopilar datos personales, a menudo en violación de los derechos de la privacidad y la seguridad y en estrecha colaboración con el creciente sector tecnológico.
Este es el momento para llevar a cabo las transformaciones sistémicas necesarias desde hace tanto tiempo, construyendo una lucha global para hacer que los derechos humanos y la justicia social sean una realidad para todos y todas.Nuestra Carta Común articula una visión para el cambio sistémico centrada en reclamar los derechos humanos como un marco compartido para el análisis y las demandas que surgen de las luchas populares por el bienestar, la dignidad, la participación y la igualdad sustantiva. Esta visión centra la experiencia, el análisis y el liderazgo de los Pueblos Indígenas, las comunidades afectadas y que oponen resistencia, las personas sindicalizadas y las personas defensoras de los derechos humanos de base. Además, al enfrentar injusticias sistémicas, el objetivo de reinventar lo “normal” requiere articular y promover modelos alternativos inclusivos. Estos existen desde hace mucho tiempo en los Pueblos Indígenas, arraigados en el conocimiento tradicional, las redes de atención y el reconocimiento de que toda la vida está interconectada. Existen otros modelos de reciprocidad, ayuda mutua y cooperación, a menudo desarrollados por necesidad, en muchas comunidades urbanas empobrecidas, campesinas y de pescadores y movimientos sociales relacionados. Los movimientos feministas han abogado durante mucho tiempo por alternativas basadas en los principios de igualdad, no discriminación y respeto por el planeta. Al afrontar violaciones inmediatas de los derechos humanos, nuestras demandas necesariamente abordan “el día de mañana” e insisten en un futuro que priorice los derechos de las personas y el medio ambiente sobre las ganancias, mediante un replanteamiento radical de nuestras relaciones económicas, sociales, ecológicas y políticas.
Nuestras demandas
Pedimos respuestas a la crisis del COVID-19 que den prioridad a los derechos humanos y ambientales, de acuerdo con los principios de universalidad, participación, transparencia, igualdad sustantiva y rendición de cuentas. Todas estas medidas deberían diseñarse e implementarse con la participación significativa de las comunidades y los movimientos sociales afectados y aplicar un análisis feminista para tratar de evitar el solapamiento de las desigualdades e inequidades estructurales. Los Estados deberían utilizar los recursos máximos disponibles para aplicar estas medidas y hacer realidad plenamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todas las personas. Las alternativas al status quo dominante son viables y son urgentemente necesarias.
Para responder de manera justa, los Estados y los organismos internacionales deberían actuar de manera inmediata y afrontar la emergencia de salud pública (tal y como detallamos en nuestras tres primeras series de demandas a continuación); adoptar medidas provisionales para garantizar una recuperación justa y abordar los efectos de las medidas impuestas para contener la pandemia; y adoptar y apoyar acciones transformadoras que nos llevarán a nueva normalidad:
