La captura corporativa se refiere a cómo una élite económica (o el 1% privilegiado) socava la realización de los derechos humanos y el medio ambiente al ejercer influencia sobre los espacios de toma de decisiones nacionales e internacionales, incluidas las Naciones Unidas.
Los elementos de la captura corporativa identificados por la Red-DESC incluyen:
Manipulación de la comunidad
La manipulación de la comunidad se refiere a cómo las empresas socavan los procesos de toma de decisiones relacionadas a un proyecto de inversión. Las estrategias que emplean implican el uso de incentivos financieros o de otro tipo para incitar a los líderes de la comunidad a respaldar proyectos corporativos que minan los intereses y las decisiones de la comunidad en general. A veces estas estrategias implican el uso de alcohol, las ofertas de empleo, las recompensas financieras y/o la intimidación para garantizar la aprobación de los líderes.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) puede ser usada como una táctica para manipular o dividir comunidades para adquirir una “licencia social para operar”. A través del desarrollo de proyectos en comunidades, muchas veces en asociación con las “llamadas” fundaciones y algunas organizaciones no gubernamentales, RSC ofrece beneficios de corto plazo que generalmente intentan mascarar daños de largo plazo
Diplomacia económica
La dimensión de la diplomacia económica de la captura corporativa se refiere al apoyo de misiones diplomáticas que promueven los intereses de las empresas de sus países que operan en el extranjero en casos en los que estas acciones son a expensas de los derechos humanos de la población local. En su peor forma, las misiones diplomáticas han defendido actividades cuestionables y han brindado apoyo a “sus” empresas cuando se ven implicadas en graves violaciones de derechos humanos en países extranjeros.
Interferencia en el sistema judicial
La interferencia en el sistema judicial consiste en la influencia que las empresas ejercen sobre las actuaciones y las resoluciones de los tribunales que ofrecen resultados favorables para las compañías y socavan el debido proceso y los esfuerzos para acceder a la reparación y la rendición de cuentas. La interferencia judicial se ha visto facilitada en reuniones patrocinadas por empresas para funcionarios judiciales y, en otras ocasiones, cuando las empresas han ejercido una influencia en sus lugares de origen para intervenir en casos legales que involucran violaciones de derechos humanos para argumentar a favor de los intereses de los acusados corporativos.
Interferencia política y legislativa
La interferencia legislativa y política se refiere a la presión ejercida sobre las legislaturas y los responsables políticos por las empresas y sus representantes para proporcionar mejores oportunidades de negocios, o eliminar/debilitar la regulación de las actividades corporativas, que en última instancia socavan la protección de los derechos humanos. Entre otras formas de injerencia, estas actividades incluyen a menudo las contribuciones a campañas y otras donaciones a funcionarios electos a cambio de proyectos de ley o votos favorables para los intereses de las empresas durante los procesos parlamentarios.
Privatización de los servicios de seguridad pública
Privatizar el uso de los servicios de seguridad pública implica el pago de un salario u otros incentivos por parte de las empresas a la policía, el ejército u otros servicios de seguridad pública para que actúen en su interés en lugar de las comunidades locales. Las actividades que estos servicios de seguridad pública proveen a menudo a las empresas consisten en enfrentarse a manifestantes, recopilar información sobre comunidades locales e intimidar a los detractores de proyectos corporativos.
Puerta Giratoria
La “puerta giratoria” como componente de la captura corporativa se refiere al movimiento de los empleados del sector corporativo a puestos de reguladores públicos y otras agencias, y viceversa, mientras que en el proceso socavan la imparcialidad de las agencias estatales, facilitan una regulación y política favorable a las empresas, relajan la aplicación de las regulaciones existentes y consiguen contratos favorables con esas agencias estatales.
Construcción de narrativas
Las corporaciones influencian la opinión pública, manipulando los medios de comunicaciones y propagando narrativas dominantes sobre progreso y desarrollo. La deslegitimación de las luchas de los grupos afectados y de las comunidades que se oponen a intereses corporativos se han tornado una práctica creciente común. Las narrativas son muchas veces usadas para justificar la privatización de servicios públicos esenciales (muchas veces afectando derechos humanos, como el derecho al agua, saneamiento básico, salud y educación); el uso de los recursos públicos – por la vía de subsidios o políticas, con el apoyo de agencias de crédito o otras formas de financiación – para avanzar intereses privados por actores corporativos y la implementación de proyectos de larga escala en el nivel local.
Captura de las Instituciones Académicas
Las corporaciones están se involucrando de una manera creciente en instituciones académicas, brindando a ellas oportunidades para influenciar prioridades incluyendo en el currículo, así como en las líneas de investigación. Se ha convertido también en una forma creciente para las universidades y centros de investigación recibir fondos desde las corporaciones para desarrollar análisis o estudios en los temas de los proyectos financiados por corporaciones. Finalmente, la filantropía corporativa asociada a las instituciones educacionales y de investigación tiene el potencial de amplificar la imagen pública de las corporaciones, silenciando el debate publico sobre los impactos adversos de las corporaciones.
